La Ley de Secreto Bancario es el primer antecedente jurídico en materia de lavado de dinero que fue promulgada por el Congreso de EEUU bajo la gestión del Presidente Richard Nixon.

Fue formulada para facilitar la investigación de casos sospechosos de blanqueo de capitales, fraude y otras actividades financieras ilegales mediante la imposición a las instituciones financieras de mantener constancia en papel de determinadas operaciones y reportarlas a las autoridades.

Estos informes se presentaban a la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN), del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, para apoyar los esfuerzos de investigación y proporcionar análisis estratégicos de desarrollo, tendencias y patrones de lavado de dinero a nivel doméstico e internacional.

Esta ley resultó ineficaz ya que estableció la obligación de reportar las posibles operaciones ilícitas pero no las sanciones para quienes las llevaban a cabo.

Por lo que en 1986, el congreso de los Estados Unidos expidió la denominada “Ley de Control de Lavado de Dinero”, tipificando este delito, sancionándolo con pena de prisión hasta de 20 años, federalizando esta actividad y autorizando la confiscación de ganancias obtenidas por los lavadores.

México, 3 años después, comienza a discutir su tipificación dentro del rubro de delitos fiscales en el Código Fiscal de la Federación.